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Queridos diocesanos: Con ocasión de la sentencia del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, que afirma que "los crucifijos en las aulas son una violación de los derechos de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones y de la libertad de religión de los alumnos", el Congreso de los Diputados de España aprobó, en Comisión, una proposición no de ley, que insta al Gobierno a aplicar en las aulas en España la jurisprudencia de dicho Tribunal. La medida, “de momento”, está aparcada; sólo aparcada. 
Esta sentencia es la respuesta a la previa demanda de una ciudadana italiana, de origen finlandés, madre de dos hijos, que iban a un colegio con crucifijos, cosa que ella rechazaba. La sentencia no obliga, de por sí, en España, cuando ni siquiera en Italia se sienten obligados por ella. Ha sido recurrida por el Gobierno italiano y es fuertemente rechazada por la sociedad italiana, que no acepta que un tribunal no italiano dictamine para Italia en asunto para ellos tan importante.
No entro en si se trata de una operación de distracción de nuestro Gobierno, abrumado por la gravísima situación económica y de paro y a punto de aprobar una ley - la de la ampliación del aborto libre – mucho más grave que el asunto de los crucifijos, porque eleva a derecho la eliminación seres humanos inocentes e indefensos con más amplitud que la actual, ya de por sí injusta.
La cuestión es que el Gobierno y el Partido que lo sustenta, más otros que lo apoyan, con la aprobación de esa proposición sobre el Crucifijo, si nos atenemos a la justificación que se está dando por parte de personas relevantes del Partido en el Gobierno, ha dado una señal, una más, que forma parte de un proyecto más ambicioso: Reducir la acción de la religión, más en concreto la de la Iglesia Católica, a los templos y, si me apuran, a las sacristías.
Olvidan que la libertad de expresión, de asociación, de reunión, de manifestación y de religión, son derechos humanos fundamentales, que la Iglesia, como toda otra religión o creencia, ejerce en el ámbito privado y en el público. Injerencia en el ámbito público por parte de la Iglesia sería, si pretendiera legislar, juzgar o gobernar en el foro civil - Parlamento, Poder judicial o Gobierno.
La Iglesia y sus miembros, en el ejercicio de sus derechos y libertades, se sirve de la palabra, de los signos, de la reunión y celebración en público y en privado y lleva a cabo su actividad religiosa, educativa, social, de anuncio y de denuncia, sin otro límite que el de los derechos de los demás, el bien común y el orden público. No pretende imponer sus creencias, sus prácticas o sus símbolos. Respeta los de los demás y tiene derecho a que se respeten los suyos. También en la escuela.
El Estado es aconfesional y el Gobierno será laico, laicista, aconfesional o lo que sea; pero los ciudadanos, en libertad, son como son: Muchos de ellos, creyentes, con sus derechos, que el Estado tiene obligación de respetar, defender, proteger y posibilitar su ejercicio, nunca impedir, prohibir o dificultar.
El Crucifijo es un símbolo esencial para los cristianos. Es su señal. Es también un símbolo de nuestra historia y de nuestra cultura, aun para los no creyentes. Por otra parte, en el ámbito escolar, independientemente de la fe de los alumnos, el testimonio de un hombre que da la vida por los demás y muere perdonando puede ser un referente educativo de primer orden. ¿A quién puede molestar?
¿No tiene otra cosa de que ocuparse nuestro Gobierno en la escuela, con el altísimo fracaso escolar, el desánimo de los educadores, el paro juvenil… que de quitar los crucifijos? Además de que tampoco quedan ya tantos.
En una sociedad tan plural como la que se está configurando en Europa, en el mundo entero y en nuestro país, ¿no sería más coherente y más educativo que ayudáramos a niños, adolescentes y jóvenes a respetar las creencias, los signos y las prácticas de los demás, cuando mañana van a tener que convivir con personas de otras creencias, prácticas y signos?
Quiero creer y espero que nuestro mundo progrese en libertad, en cultura, en valoración de los derechos humanos y en el respeto a los demás. Pero, medidas como la que han tomado en nuestro Parlamento en relación con el Crucifijo, que se suma a otras ya tomadas y otras que se anuncian, me hacen dudar seriamente de que nuestro país esté progresando. En esto, desde luego, no.
De todos modos, tendremos que acostumbrarnos a que otros, desde la razón de la fuerza, que no desde la fuerza de la razón, sigan empeñados en reducirnos a las sacristías, en acallar nuestra voz y borrar nuestros signos. No será lo más definitivo, por más que sea una imposición inaceptable, eliminar los crucifijos de las aulas, mientras el Crucificado, Resucitado, siga vivo y actuando en el corazón de los creyentes y en su vida. De ahí nadie lo podrá arrancar.
Os saluda y bendice vuestro Obispo
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