Cáritas Española denuncia la visión limitada de la UE ante los desafíos de la pobreza
Cáritas. 3 de febrero de 2010.- La 65ª Asamblea General de Cáritas Española ha denunciado la “visión limitada” de la Unión Europea al “no reconocer que la pobreza y la exclusión social siguen siendo uno de los principales desafíos a los que se enfrenta la Unión, ni el impacto que tiene en las personas el hecho de vivir en sociedades con desigualdades notables –e incluso crecientes--, ni la quiebra de cohesión social en una sociedad en la que vivimos distintas culturas, ni el déficit de acogida e integración de los inmigrantes a los que reclamamos en tiempos de bonanza, ni el efecto que todo ello tiene sobre el bienestar de la sociedad en su conjunto”.
Esta es una de las constataciones que se recogen en la Declaración final de la Asamblea, celebrada el pasado fin de semana en la localidad madrileña de El Escorial, y que ha sido presentada esta mañana en Madrid por Sebastián Mora, secretario general de Cáritas, durante una rueda de prensa en la que, junto a Natalia Peiró, coordinadora del Area de Cooperación Internacional, se han aportado los últimos datos de la acción de la red Cáritas en Haití.
Para los miembros de la Asamblea General de Cáritas, “la pobreza y la exclusión social es una injusticia social que afecta a la dignidad de las personas y conculca los derechos humanos de un modo inadmisible en una sociedad que dispone de recursos y de riqueza suficiente para todos”. Por ese motivo, muestran su preocupación, en el inicio de la convocatoria del 2010 como Año Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social, que en “la consulta realizada por la Comisión Europea sobre la denominada Estrategia EU2020, las fuertes presiones que se dan para subordinar todas las decisiones al crecimiento económico y que obvia los déficits estructurales de cohesión social, la fragilidad y la precariedad en el empleo, la fuerte desigualdad social y la baja intensidad protectora en los distintos ámbitos”.
Retroceso en la visión de una Europa social
“Reducir la agenda política a estas dimensiones –subrayó Sebastián Mora-- representa un retroceso en la visión integral de la Estrategia por la Inclusión Social”, sobre todo si se tiene en cuenta que estamos ante una visión que antepone la construcción de los “mercados” al de las “sociedades”, y que plantea una concepción del individuo como “consumidor” en lugar del de “ciudadano/a”. De hecho, “los objetivos marcados para el Año 2010 son un fracaso a la vista de los 80 millones de pobres que viven en la Unión Europea”, apostilló.
Para Cáritas, el primer paso para contribuir a un modelo social europeo basado en la solidaridad y la justicia, es indispensable que durante este Año 2010 salgan reforzados estos tres ejes: dotar de significado real a la Carta de Derechos Fundamentales, que ahora tiene un nuevo estatus como resultado de la adopción del Tratado de Lisboa; impulsar una declaración clara de cómo la economía debe servir a objetivos sociales y sostenibles, a una sociedad más justa basada en una distribución equitativa que sirva a la cohesión social, la reducción de las desigualdades y a acabar con la pobreza y la exclusión social, al menos en sus expresiones más severas que afecta a 1,5 millones de personas en España; y garantizar el derecho a una vida digna mediante la creación de condiciones económicas sociales, culturales y éticas para una sociedad más comunitaria y accesible, y más participación.
Por ello, la Asamblea de Cáritas reclama de las instituciones europeas (Consejo, Comisión, Parlamento y Presidencia Europea) “un cambio sustancial en el modelo social que se defina en la “Estrategia 2020”, de manera “que la cohesión social constituya un elemento sustantivo y estructural de esa estrategia, que esta estrategia recoja objetivos y prioridades que se comprometan en luchar contra la pobreza y la exclusión social, que ese compromiso no se quede en una declaración de intenciones y que asuma metas verificables y cuantitativas de reducción de la pobreza, y que sea compartido por los Estados miembros, los Gobiernos regionales y municipales, los agentes y las organizaciones sociales, con la participación de todos, incluidas las personas en situación de pobreza”.
Asimismo, en la Declaración se insta a todas las instituciones políticas de España a impulsar “un Pacto de Estado por la inclusión social y el empleo de los más excluidos vulnerables, desde un Plan de Acción conjunto, especialmente entre el Estado y las Comunidades Autónomas, con la participación de todos los actores sociales”.
