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El grupo socialista en el Senado logró los
acuerdos suficientes para que la ley del aborto aprobada por el Congreso el
pasado 17 de diciembre fuera también aprobada sin enmienda alguna en la Cámara
Alta. De este modo, la reforma y ampliación sobre el aborto auspiciada por el
Gobierno de Rodríguez Zapatero pasa ya al Boletín Oficial del Estado y en
cuatro meses se convertirá en ley.
La
noticia, aun por esperada, no deja de ser fatal y desoladora porque si injusta
y letal era ya la ley de 1985, la de 2010 es todavía más inicua y depravada al
legalizar, en la práctica, el aborto libre y al consagrar la interrupción
voluntaria del embarazo como un derecho. Hasta ahora se trataba de una ley
despenalizadora en tres supuestos. Y ahora –repetimos consternados– el aborto
es un derecho...¡!
Y
ahora, sí, ¿qué hacer ante este dislate, ante esta injusticia e indignidad?
Cualquier iniciativa legítima, sensata y justa menos cruzarnos de brazos.
Apuntemos algunas de ellas. Por ejemplo, la participación y el apoyo a la
Marcha por la Vida que recorre este domingo 7 de marzo las cien principales
ciudades de España. Por ejemplo secundar activamente las iniciativas eclesiales
de la próxima Jornada por la Vida del 25 de marzo. Por ejemplo, la oración
constante, ferviente, perseverante a favor de la vida. También, aun desde el
escepticismo que suscita comprobar el lamentable funcionamiento del alto
organismo, hemos de instar a quien corresponda a presentar recursos de
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional y ante los organismos
europeos competentes. El apoyo a las mujeres gestantes –en particular a las que
viven el embarazo con cualquier dificultad– ha de ser asimismo un firme y
activo compromiso de parte de todos cuantos creemos en la vida y clamamos
contra la injusticia y la indignidad radicales del aborto y de la cultura de la
muerte.
La
denuncia oportuna e incisiva de la falsedad de las argumentaciones
proabortistas ha de ser otro de los retos a asumir. En este sentido, resulta
demoledor y desolador el ejercicio de irresponsabilidad y de hipocresía que
tuvo lugar el mismo día de la aprobación definitiva de la nueva ley del aborto.
Aquel mismo día, el miércoles 24 de febrero de 2010, mientras el Senado se
aprestaba a la citada y deleznable aprobación por tanto solo seis votos de
diferencia, el presidente del Gobierno español intervino en la sala de los
derechos humanos de la sede de la ONU en Ginebra. Fue en una convención contra
la pena de muerte. Aquel día fatídico el señor Rodríguez Zapatero decía una
cosa en Ginebra y mandaba hacer su contraria en Madrid. Estas fueron algunas de
sus palabras: «Hoy en día nadie puede subestimar el alcance universal de los
Derechos Humanos, en particular el derecho a la vida, a partir del que se
sustentan todos los demás». «Por encima de todo, nadie puede disponer de la
vida humana, ni siquiera los Estados». «Nadie tiene derecho a arrebatar la vida
a otro ciudadano. Absolutamente nadie. Trabajemos por esta causa, me tienen a
su disposición».
Tal
alegato, tal asimetría, tal descaro, tal incongruencia, tal irresponsabilidad
es un insulto a la inteligencia, al
derecho, al sentido común, a la ética. Es cinismo intolerable. Es la hipocresía
insoportable y abominable de una doble y letal vara de medir la vida, que
habría de avergonzar y abochornar a propios y a extraños. Y que de ningún modo
nos puede dejar indiferentes e inactivos.
Y
precisamente ante palabras, acciones y actitudes como estas nadie nos debe
arrebatar la palabra y el ejercicio responsable y coherente de nuestra
condición de ciudadanos. Con respeto y también con contundencia hemos de
desenmascarar falacias y sofismas como estos. Para ello será preciso seguir
apostando por la vida sin complejos, sin ambigüedades y con verdad. Tendremos
que seguir formándonos en la cultura de la vida, de toda la vida y de la vida
de todos, que es la cultura de la justicia, de la dignidad y de la verdad.
No
lo dudemos, el aborto –en concreto, este nuevo aborto– es un mal inmenso. Es y
«supone –recuerdan los obispos– un serio retroceso en la protección del derecho
a la vida de los que van a nacer, un mayor abandono de las madres gestantes y,
en definitiva, un daño muy serio para el bien común».
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