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Si
la pasada semana, en esta misma página editorial, alertábamos y censurábamos la
intimidación a la Iglesia de algún ministro y de algunos dirigentes políticos
acerca de su supuesta financiación privilegiada a través de multimillonarias
dotaciones públicas, esta semana hemos de enfatizar nuestra denuncia a
propósito de unas indeseables e impresentables declaraciones de Gregorio
Peces-Barba sobre la clase de Religión Católica. 
Para
el que fue ponente de la Constitución Española de 1978 y presidente del
Congreso de los Diputados, la clase de Religión no solo debe dejar de ser «obligatoria» –se entiende que de oferta
obligatoria por parte de los centros y de libre elección para su alumnado, como
así es desde hace décadas–, sino que debe ser suprimida pues en ella «solo se
enseñan cuatro vulgaridades del Catecismo». Y no satisfecho con semejante
exabrupto, el ex rector de la Universidad Carlos III exaltó las «bondades» de
la asignatura actual de Educación para la Ciudadanía y arremetió contra los
padres objetores de conciencia de la misma.
Sin
embargo, lo cierto es que al igual que la Iglesia no recibe en materia
económica nada gratis del Estado, tampoco la clase de Religión es un regalo o
un privilegio. Es un derecho fundamental de la persona, ejercitado a través de
los padres. Es un derecho que proclama y tutela nuestra Constitución, la misma
en cuya redacción trabajó el señor Peces-Barba. Y es un derecho al que
libremente pueden optar los alumnos, bien, a tenor de su edad, por sí mismos, o
bien mediante la elección responsable de sus padres. Y es un derecho amplia y
continuamente refrendado por estos, como lo avala el dato de que en el presente
curso casi el 74% de los alumnos han elegido libremente esta asignatura, a
pesar –bueno será recordarlo– de su actual e injusta marginación escolar.
Pero
hay más: según un reciente estudio, el 77,5% de padres se considera
«satisfecho» o «muy satisfecho» con la asignatura, un porcentaje 10 puntos
superior al que ofreció una encuesta similar realizada hace una década. Y por
si estas razones, cifras y obviedades democráticas y ajustadas a derecho
pudieran resultar insuficientes, el señor Peces-Barba debe asimismo saber que
todos los profesores de Religión Católica son titulados universitarios y el
67,5% de los profesores de Religión de Secundaria cuentan además con una
segunda titulación, amén de que el 80,8% tiene la añadida titulación de la
propia Iglesia (Declaración Eclesiástica de Competencia Académica, DECA).
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