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Seguirá en vigor hasta que resuelva los recursos de inconstitucionalidad. La resolución ha contado con cuatro votos particulares contrarios a la decisión de hoy
MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS).- El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado este miércoles suspender la aplicación de la nueva Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo conforme pedía el Partido Popular, de modo que la norma seguirá en vigor mientras los magistrados resuelvan sobre los recursos de inconstitucionalidad presentados contra varios de sus preceptos.
El Constitucional ha estudiado esta cuestión después de recibir las alegaciones al respecto del Congreso, el Senado y el Gobierno, y cuando la norma cumple sus primeros diez días de vigencia. La resolución ha contado con cuatro votos particulares. El pasado 30 de junio el TC admitió a trámite los recursos interpuestos contra la ley por el Gobierno de Navarra y el Partido Popular y dio un plazo de tres días hábiles a las partes para presentar alegaciones sobre una posible suspensión de la entrada en vigor de la norma, que estaba prevista para el 5 de julio. Durante ese plazo, la Mesa del Congreso envió una "respuesta automática" declinando la posibilidad de presentar alegaciones conforme las fuentes consultadas por Europa Press, mientras que la Abogacía del Estado, de parte del Gobierno, cursó un escrito en el que argumentaba que el Constitucional no tiene competencias para suspender la entrada en vigor de una norma que ha aprobado el Parlamento. En el mismo sentido se pronunció la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, quien aseguró que la admisión a trámite de un recurso de inconstitucionalidad "no tiene efectos suspensivos" por lo que a su juicio, "lo normal" es que se cumpliese la ley que ya está en vigor. La nueva ley, que entró en vigor el 5 de julio, 25 aniversario de la Ley de Despenalización del Aborto en Determinados Supuestos vigente hasta el momento, liberaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación, establece un comité clínico para evaluar los abortos por problemas en el feto a partir de la semana 22 y permite que las menores de 16 y 17 años puedan abortar sin consentimiento paterno.
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