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La imposición de Educación para la Ciudadanía en España vulnera los tratados internacionales de derechos humanos, según Profesionales por la Ética La agresión que sufren miles de familias españolas a causa de la imposición de las asignaturas de Educación para la Ciudadanía (EpC) ha sido denunciada hoy en la Reunión sobre Libertad de Religión o Creencia organizada por la Organización para la Seguridad y Cooperación Europea (OSCE) en Viena.
En síntesis, Leonor Tamayo, responsable del área internacional de Profesionales por la Ética, ha expuesto que, a diferencia de lo que sucede en el resto de Europa, en España, las asignaturas de EpC son obligatorias y evaluables y están destinadas expresamente (según reconoce el currículo legal) a «formar la conciencia» de los alumnos, introduciéndose en sus valores y en su intimidad personal y familiar. Tamayo ha expuesto en este foro internacional un exhaustivo informe con algunos ejemplos de materiales didácticos de EpC gubernamentales y de editoriales que siguen las directrices del currículo oficial. «La libertad está siendo atacada en España a través de Educación para la Ciudadanía», ha afirmado, «porque cuando un Gobierno impone su propia moral e ideología está discriminando a las personas que no la comparten. Se trata, por tanto, de un asalto a la libertad de religión y de conciencia». Tamayo ha recordado que los padres españoles han plantado cara a esta agresión y han presentado 55 000 declaraciones de objeción de conciencia para impedir que sus hijos acudan a clases de estas asignaturas. «Su batalla legal ha llegado al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo porque la imposición de Educación para la Ciudadanía en su versión española vulnera 4 tratados internacionales: la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Europea sobre Derechos Humanos y Derechos Fundamentales, la Convención Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales y los Principios de Viena de la OSCE». Las conclusiones de la reunión de la OSCE, que ha durado dos días, reiteran el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales y religiosas y la obligación de los estados de mantener la neutralidad ideológica en la educación.
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