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Declaración de los Obispos de
la COMECE sobre el objetivo de una economía social de mercado competitiva del
tratado de la UE
Introducción
1.- Fundamentos
culturales de la economía social de mercado
2.- Iniciativas
comunitarias y voluntarias en materia de bienestar en la economía social de
mercado
3.- Economía de
mercado y competencia
4.- Política
social
5.- Desarrollo
sostenible de la economía social de mercado
Conclusión
Prefacio
En esta
declaración, los obispos de la Comisión de las Conferencias Episcopales de la
Comunidad Europea (COMECE) se pronuncian sobre el concepto de «una economía
social de mercado altamente competitiva», que se ha convertido en uno de los
objetivos de la Unión Europea desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.
El concepto de economía social de mercado se viene empleando principalmente en
los países germanófonos, aunque también ha estado presente en la tradición
constitucional de otros países de la UE como Polonia. En la actualidad se ha
convertido en un concepto legal con un sólido arraigo en los tratados europeos,
aunque aún le falta desarrollarse y materializarse. Es por ello que nosotros,
en nuestra calidad de obispos, desearíamos contribuir a este proceso, tal como
veníamos haciendo en el pasado respecto a otras cuestiones de la política
europea.
Las
raíces del concepto de «economía social de mercado» se encuentran en la
herencia filosófica y religiosa europea, y más concretamente en la herencia
cristiana. Este es el motivo por el que nos parecía oportuno y legítimo abordar
esta cuestión desde nuestra perspectiva, a pesar de reconocer abiertamente que
no somos expertos en muchas de las cuestiones planteadas.
Por todo
ello, solicitamos, en principio en marzo de 2010, a la Comisión Social de la
COMECE, presidida por el Cardenal Reinhard Marx, Arzobispo de Múnich y
Frisinga, que elaborara un borrador de declaración. Nos gustaría expresar
nuestro agradecimiento a nuestra Comisión Social y a su Presidente, además de a
sus muchos y excelentes expertos, por su diligente trabajo preliminar y
asesoramiento. Asimismo, aprovechamos esta oportunidad para hacer un
agradecimiento especial al Director del Centro de Ciencias Sociales Católicas
de la Conferencia Episcopal Alemana y a sus colegas de Mönchengladbach. La
Conferencia sobre Ética Social, organizada conjuntamente con la Secretaría de
la COMECE en mayo de 2011, supuso un importante paso para la elaboración del
proyecto final, el cual discutimos a lo largo de dos sesiones plenarias y adoptamos
finalmente el pasado mes de octubre.
Los
obispos católicos, en cuyo nombre los obispos de la COMECE realizan el
seguimiento del proceso de integración europea, se sienten estrechamente
vinculados a la tarea de integración europea. No obstante, en la actualidad se
hace necesario comunicar a los ciudadanos europeos la importancia de dicha
tarea. Estamos plenamente convencidos de que el concepto de la economía social
de mercado puede resultar de gran utilidad a este respecto. Dicho concepto
encarna un equilibrio perfecto entre los principios de libertad y solidaridad.
Hace referencia al respeto por el valor de todos los seres humanos y a la
protección particular de los que están más desprotegidos. En el marco y los
límites de nuestra responsabilidad específica, nos gustaría trabajar junto a la
Unión Europea para construir una comunidad sincera de solidaridad y
responsabilidad, que tenga asimismo en cuenta sus obligaciones a escala
mundial.
+
Adrianus van Luyn,
Obispo de Róterdam
Presidente de la
COMECE
Prólogo
La
publicación de este texto se produce en un periodo convulso. En el momento de
redactar estas líneas, y a pesar de la existencia de algunos indicios
esperanzadores tras las últimas cumbres de la Unión Europea y la Eurozona,
nadie puede predecir el rumbo que emprenderá la Unión Europea, ni si podrá
responder con solidaridad y responsabilidad a los desafíos que se le plantean.
No cabe
duda de que, en los últimos años, la Unión Europea se ha visto inmersa en el
periodo de los procesos internos más intensos desde su fundación. Incluso en la
actualidad, no parece divisarse un final en el horizonte. Tras la grave crisis
bancaria y financiera, que en 2008 afectó primero a los Estados Unidos y
posteriormente se extendió a otros países y continentes, a principios de 2010
comenzaron a surgir dudas en el seno de la comunidad financiera internacional
respecto a la solvencia de algunos Estados de la Eurozona. Los niveles de la
deuda nacional se habían disparado hasta cotas insostenibles en relación con
los resultados económicos, de manera que dejó de ser posible su reembolso en
buena y debida forma fuera de sus propios recursos. Lo que en un principio solo
había afectado a determinados Estados de la Eurozona acabó por expandirse
posteriormente a casi todos los demás. Por ello, resulta indispensable hoy día
adoptar una serie de medidas comunes y decisivas que permitan evitar que se
dañen los cimientos del orden de paz europeo establecido, aunque ello conlleve
una serie de concesiones y sacrificios por parte de todos nosotros.
El
desplome de la Eurozona tendría una serie de efectos considerables en toda la
Unión Europea. Un motivo muy importante para la introducción del euro fue
evitar que se produjera una espiral devaluatoria de las monedas nacionales
dentro del Mercado Común. Por lo tanto, a largo plazo la disolución de la unión
monetaria acabaría socavando los logros del Mercado Común que, desde la firma
del Tratado de Roma de 1957, ha constituido el corazón del proceso de
integración. ¡No podemos dejar que ese corazón deje de latir!
El a
menudo despreciado Mercado Común Europeo contribuyó de forma decisiva en el
pasado a mantener la paz en las naciones de un continente saqueado por la
guerra y a que sus ciudadanos disfrutaran de libertad y prosperidad. Sin
embargo, actualmente no podemos dejar que el proceso de integración europea se
quede estancado: el Mercado Común Europeo debe seguir desarrollándose. Este es
por tanto el objetivo que persigue la presente declaración de los obispos de la
COMECE. En nuestra declaración, que constituye nuestra contribución al debate
público, proponemos hacer que el Mercado Común evolucione con arreglo al
concepto de una economía social de mercado que permita a la Unión Europea
convertirse por sí misma en una comunidad viable de solidaridad y
responsabilidad.
Desde
esta perspectiva y de cara a la crisis europea actual, es importante y
primordial reafirmar los fundamentos culturales del concepto de la economía
social de mercado. Se trata de algo más que un simple modelo económico. Está
basada en los fundamentos filosóficos y jurídicos de la antigüedad grecorromana
y cimentada en la teología bíblica. Vincula la libertad del mercado al
principio de justicia y al mandamiento de amar al prójimo. Estos fundamentos
culturales y antropológicos se recuerdan y resumen en la primera sección de la
declaración.
A
continuación, se describen cuatro características esenciales de la economía
social de mercado europea, haciendo hincapié en la importancia de las
iniciativas libres y voluntarias para promover un bienestar que posibilite el
proceso de cohesión social. Las iniciativas libres con un objetivo social de la
economía social de mercado europea merecen un mayor respaldo y un mejor marco
legal con arreglo a su especificidad. En segundo lugar, se reivindica que una
economía social de mercado debe ser eficiente desde el punto de vista
económico, es decir, competitiva, para poder imponer los impuestos y
contribuciones para reducir la deuda y financiar el gasto en curso. No
obstante, el mercado europeo precisa no solo de reglas, especialmente en el
sector financiero, sino también de la adopción de una serie de medidas basadas
en la virtud por parte de todos los participantes del mercado, empezando por el
empresario y llegando hasta el consumidor. Se trata de una cuestión de política
reguladora («Ordnungspolitik») y de una ética institucional, además de la moral
y la virtud.
La
tercera característica de la economía social de mercado europea es su política
social. Con arreglo a los principios de solidaridad y subsidiariedad, todas las
personas con necesidades en la Unión Europea deben recibir protección social y
una garantía de justicia participatoria. Nuestros jóvenes tienen derecho a
recibir una formación y una educación de calidad. La familia debe valorarse
como una fuente de vida desde la que fomentar el aumento de la solidaridad y la
responsabilidad, debiendo respaldarse en consecuencia. Además, al menos en el
caso de los Estados que forman parte de la unión monetaria y de los que tienen
previsto dar este paso, actualmente existe el desafío concreto de ampliar la
convergencia de los servicios sociales.
Por
último, la economía social de mercado europea debe ser ecológica. La
redefinición de nuestra relación con la naturaleza y la instauración de una
cultura de «moderación» constituyen, para nosotros los europeos, una condición
esencial para poder interactuar con los recursos naturales y luchar contra las
consecuencias del cambio climático. La Unión Europea debería mantener su rol de
portadora de la integridad de la creación dentro de los comités
internacionales. Por una cuestión de principios, no debe limitarse a sí misma,
en su calidad de comunidad de solidaridad y responsabilidad, a determinar su
política dentro de sus propias fronteras, sino que también debe desempeñar un
papel activo a nivel mundial y cumplir las obligaciones y promesas realizadas.
Para
elaborar la presente declaración, nos hemos inspirado sobre todo en los
documentos de la enseñanza social de la Iglesia. Sobre todo, los textos del
Concilio Vaticano II, que se inició hace casi cincuenta años, y las Encíclicas
Sociales de los Papas, tienen una importancia fundamental. Asimismo, nos hemos
basado en numerosos informes de las conferencias episcopales y las
declaraciones anteriores de la COMECE. Por último, el Papa Benedicto XVI, con
su encíclica Caritas in veritate, ha dado un nuevo impulso,
orientándonos en nuestro análisis del concepto de economía social de mercado
para la Unión Europea. Por ello expresamos nuestra gratitud al Santo Padre.
Con la
presente declaración, confiamos en promover el debate, lo cual es importante
para nosotros. Hemos complementado nuestra descripción de las cuatro
características de la economía social de mercado europea con propuestas y
preguntas concretas. Nos hemos atrevido a hacerlo en pos de un debate animado.
En sí misma, esta declaración es además una expresión de nuestra solidaridad y
responsabilidad para con Europa. Puesto que Europa debe ser una «contribución
para un mundo mejor» (Jean Monnet).
+
Cardenal Reinhard Marx
Arzobispo de Múnich y
Frisinga
Vicepresidente
de la COMECE
y Presidente de la
Comisión Social de la COMECE
Texto de la declaración
Introducción
El
término «economía social de mercado» accedió, junto con otros objetivos, a los
tratados de la UE a través del Tratado de Lisboa. De este modo, el modelo de la
economía social de mercado se convirtió en uno de los objetivos principales de
la Unión, aunque el cumplimiento integral de este objetivo aún esté por llegar.
A través de la presente declaración, la Comisión de las Conferencias
Episcopales en los países de la Unión Europea (COMECE) pretende hacerse oír en
el debate sobre la forma de lograr el objetivo de la economía social de mercado
europea y la forma institucional que esta debería asumir. La crisis actual en
la Eurozona, así como la debilidad y el desequilibrio estructural en el seno de
la Unión Europea, ponen de manifiesto la necesidad urgente de entablar este
debate. Somos perfectamente conscientes de que la Iglesia católica no tiene
ninguna solución técnica, ni ningún modelo político o económico que presentar[1]. Sin embargo, y dado que la Iglesia vive realmente
entre la gente de a pie, también comparte con ella sus preocupaciones diarias y
dificultades[2]. Asimismo, si tenemos en cuenta la
cuestión del posible impacto de la futura configuración económica y social de
Europa en las vidas de las personas, tanto dentro como fuera de la UE,
consideramos que tenemos el deber de hacer comentarios sobre esta importante
cuestión en nuestra calidad de obispos europeos. Para hacerlo, también nos
remitimos a nuestras declaraciones anteriores[3].
1. Fundamentos culturales de la economía social de mercado
1) El
concepto de una economía social de mercado vincula el principio de un mercado
libre y el instrumento de una economía competitiva con el principio de
solidaridad y los mecanismos diseñados para aumentar la igualdad social. Esta
relación es algo más que una simple respuesta de sentido común o un juicio
meramente instrumental. Más bien se fundamenta en un juicio de valores derivado
de los cimientos morales de nuestra cultura europea. Sus raíces se encuentran
en nuestro patrimonio histórico. De forma más exacta, podemos decir que la idea
de una economía social de mercado se deriva, en gran medida, de la visión
cristiana y occidental de la persona humana y de su relación, tan
característica de la cultura europea, con la antigua ética de la justicia y el
amor que se remonta a la filosofía griega, la jurisprudencia romana y la
Biblia. Las formas de economía social de mercado que encontramos actualmente en
Europa serían inconcebibles sin este patrimonio cultural. Por su parte, la
Unión Europea deberá tener en cuenta dicho patrimonio cultural al abordar
cualquier nueva etapa de la economía social de mercado, lo que constituye uno
de los desafíos clave de la actualidad. Este es otro de los motivos por los que
creemos que podemos realizar, en nuestra calidad de obispos católicos, valiosas
aportaciones a este debate.
2) La
visión cristiana y occidental de la persona humana tiene su origen en la
filosofía de la antigüedad griega y romana, por un lado, y en la teología
bíblica, por otro. En la filosofía griega y el derecho romano, la persona
humana aparece representada por primera vez desde un punto de vista
histórico-cultural como un individuo responsable de sus actos con sus derechos
y deberes claramente definidos. Por otra parte, en el relato bíblico de la
creación, se nos explica que Dios creó al hombre a su imagen. Según esto, la
persona humana adquiere un nivel totalmente distinto: pasa de ser un mero
ejemplar de la especie humana para convertirse en una persona única con una
dignidad inalienable. El valor del ser humano presentado en el Antiguo
Testamento se vería aún más reforzado con la encarnación de Dios en Jesucristo.
Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios, se encuentra en el centro de la
antropología cristiana: «En él, la naturaleza humana asumida, no absorbida,
ha sido elevada también en nosotros a dignidad sin igual. El Hijo de Dios con
su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre»[4]. A pesar de esta dignidad
específica, desde la perspectiva cristiana la persona humana es una criatura
que solo puede cumplir su destino reconociendo que la vida es un don
inalienable y que la forma en la que decidimos vivir nuestra vida debe
integrarse en el orden de la Creación de una forma global y duradera. Basándose
en esta concepción antropológica cristiana, la Iglesia proclama la igual
dignidad fundamental de todos los hombres, algo que también debe reconocerse en
las instituciones sociales y en el sistema económico[5].
A continuación, proclama a la persona humana como ser social, relacional y
llamado a trabajar conjuntamente para contribuir al Bien Común.
3) Ya en
la filosofía de la antigüedad la justicia se consideraba como una virtud
cardinal. La idea dominante es que a cada persona se le debe conceder aquello
que legalmente se le deba. La teología cristiana se apropió esta concepción de
la justicia, a la vez que la modificaba de forma decisiva basándose en la
igualdad fundamental de todos los hombres y el mandamiento de amar al prójimo.
El concepto de justicia social resultante no solo se orienta a las actuaciones
y los derechos legales que uno adquiere a raíz de ello, sino que sobre todo se
dirige a la igualdad de la dignidad de todos los seres humanos. El mandamiento
cristiano de amar al prójimo ha influenciado, a este respecto, nuestra
concepción de la justicia en la medida en que cada persona se beneficia no solo
de lo que legalmente se le debe, sino que además ejerce el derecho moral de
tener una vida digna en la sociedad. Esto se refleja claramente en el Nuevo
Testamento en la parábola del Buen Samaritano: todo ser humano tiene derecho a
recibir ayuda y, al mismo tiempo, de él se espera que actúe de forma solidaria.
La injusticia de Caín respecto a Abel se ve superada por el amor compasivo del
Buen Samaritano. Desde este punto de vista, la pobreza material y existencial,
y la exclusión de personas de determinados sectores de la vida social
constituye una grave violación de la justicia social. No podemos permitir que
nadie se quede atrás, independientemente de su edad, nacionalidad o color de
piel. Inspirada por esta convicción, la cultura cristiana comenzó desde muy
temprano a crear estructuras e instituciones que encarnaran la compasión y la
caridad[6]. En materia de historia cultural, aquí es
donde podemos encontrar los orígenes del estado del bienestar moderno.
En su
proceso de conversión en una economía social de mercado, la Unión Europea puede
basarse en las tradiciones que se encuentran presentes en todos los Estados
Miembros. Segura de que este fundamento común está presente en todos los
estratos de la sociedad y siguiendo el principio de subsidiariedad, la economía
social de mercado posibilita la coexistencia de varios tipos de ayudas e
instituciones, en tanto que siguen un impulso común fundamental que se deriva
de una sola fuente.
2. Iniciartivas comunitarias y voluntarias en materia de
bienestar en la economía social de mercado
4)
Tras el final de la II Guerra Mundial, la economía social de mercado se
convirtió en un modelo político-social. En algunos estados esto se produjo con
una referencia explícita al término. En otros estados, se emplearon distintos
términos que al final venían a significar lo mismo: una gran libertad de
mercado asociada a los instrumentos de una economía competitiva, además de al
principio de solidaridad y a los mecanismos de igualdad social, es decir, una
protección social de gran alcance por parte del Estado. Tras la caída del
régimen comunista en 1989, los países de Europa Central y del Este también
tomaron la economía social de mercado como un modelo, aunque esta no se pudiera
materializar en algunos de estos lugares. De este modo, por una parte, en los
últimos años se ha evidenciado un aumento en la sensibilización de que el
mercado libre no es capaz de aportar ciertos bienes y servicios (públicos)
tales como la sanidad, la educación y la vivienda de una forma apropiada e
individualizada sin necesidad de que intervenga el Estado[7].
Por otra parte, cada vez son más las evidencias que demuestran que en muchos
países la cohesión social se ve amenazada a pesar del elevado nivel de
protección social existente, dado que no se ha tenido suficientemente en cuenta
la aportación indispensable de las asociaciones voluntarias y las iniciativas
privadas. Estas últimas son la expresión de un elevado nivel de solidaridad
espontánea y de ayuda voluntaria basadas en la reciprocidad (es decir, no
impulsadas por el Estado ni dependientes de este). Una sociedad no puede
funcionar únicamente basándose en los derechos legales, sino que necesita
espacio de generosidad, sobre todo en lo que respecta a la familia. Un exceso
del bienestar del Estado, por el contrario, podría generar dependencia y
obstaculizar la asunción de responsabilidad individual, la caridad activa y la
solidaridad.
5)
El Estado es una condición previa para una comunidad ordenada, sin la
cual no puede lograrse el desarrollo integral humano. Como las iniciativas
privadas por sí mismas no eran suficientes, se pusieron en marcha una serie de
planes con los que se pretendía institucionalizar la solidaridad mediante el
cobro de impuestos y las contribuciones de la seguridad social. La forma de
solidaridad organizada por el Estado es fiable, duradera y, por tanto,
necesaria.
Sin
embargo, no basta con ello, ya que no tiene concretamente carácter voluntario.
La asistencia prestada a otras personas como forma voluntaria de caridad y
solidaridad, sin carácter obligatorio y sin la expectativa de recibir nada a
cambio de forma inmediata o directa, y que suele originarse en la fe religiosa,
no debe reprimirse, ya sea mediante formas burocráticas de solidaridad estatal
o mediante soluciones de mercado motivadas por consideraciones a corto plazo.
De hecho, resulta irremplazable e indispensable en tanto que exige la
concienciación moral del individuo y, junto al principio de ley y orden,
contribuye de manera significativa a la creación del «capital de confianza»
necesario para desarrollar unas relaciones de confianza y la existencia social.
El Papa Benedicto XVI, en su encíclica Caritas in veritate,
abordaba esta relación empleando los términos «don», «reciprocidad»,
«gratuidad» y «fraternidad»[8]. Por lo tanto, las
instituciones que se corresponden con esta forma libre de solidaridad
(asociaciones mutuas, cooperativas y organismos municipales) y otras formas de
economía social e inversiones éticas, exigen que se les preste una atención
especial a la hora de construir una economía social de mercado europea. Por
este motivo, acogemos con beneplácito el hecho de que se haya incrementado el
reconocimiento de la importancia de estas instituciones en algunas iniciativas
recientes con las que se pretende dinamizar el mercado interno europeo. Debería
dárseles prioridad siempre que las soluciones aportadas por dichas iniciativas
sean equivalentes a las soluciones estatales o de la economía de mercado, de
conformidad con el principio de subsidiariedad. En concreto, la experiencia de
las instituciones benéficas y de cooperación debería utilizarse en mayor medida
al materializar el objetivo de reducir el número de personas en riesgo de
pobreza en Europa en 20 millones de personas para 2020, un objetivo acordado de
forma vinculante en la Estrategia 2020 de la UE.
3. Economía de mercado y competencia
6) En la
actualidad existe la idea ampliamente generalizada de que la competencia del
mercado y el principio de solidaridad se excluyen mutuamente. Sin embargo, el
Tratado de Lisboa establece una clara conexión entre los objetivos sociales de
la Unión Europea y la competencia, en la medida en que determine que la Unión
Europea trabaja para conseguir una «economía social de mercado muy competitiva»[9]. No obstante, nosotros consideramos que en este modelo
de política europea debería hacerse hincapié en que sea «social», más que en
que sea «muy competitiva». La competencia sería el medio y lo «social» sería el
fin. Una vez aclarado esto, nos gustaría decir que somos claramente conscientes
de que un mercado bien regulado, guiado realmente por la competencia, es un
medio efectivo para lograr importantes objetivos en el camino hacia la justicia[10]. La competencia garantiza que los recursos económicos
se utilizan eficientemente y que las personas buscan en todo momento nuevas y
mejores soluciones a los problemas económicos. No obstante, también es cierto
que la competencia no es un fenómeno que se produzca de forma natural, que
surja de la nada cuando reina la libertad económica. A las personas encargadas
de elaborar los marcos políticos les corresponderá la tarea de garantizar que
se impone un sistema de competencia legítimo basado en los resultados. Los
monopolios, los cárteles, la manipulación fraudulenta y la distorsión de la
competencia a través del abuso del poder económico o la ayuda pública deberán
combatirse activamente o evitarse a través de los órganos legislativos y
ejecutivos de la Unión Europea. Aunque suene paradójico, el concepto de la
libre competencia no se podrá materializar sin haber establecido unas normas
claras, aplicables y reforzadas por sanciones.
7) Para
que un sistema económico competitivo funcione correctamente, es esencial contar
con un sistema monetario y financiero estable[11]. La
crisis mundial de los mercados financieros ha puesto dramáticamente de
manifiesto la enorme carencia de reglamentación a este respecto[12]. Teniendo en cuenta la importancia sistemática de los
sectores financiero y bancario, deberá prestarse una especial atención a la
supervisión y regulación en este campo. Asimismo, también es necesario analizar
la crisis financiera tratando de comprender la riqueza y el crecimiento que se
perseguían exclusivamente con la acumulación de bienes y el nivel de
beneficios. Esta concepción amenaza con eclipsar las dimensiones social y
ecológica de la calidad de vida, que a menudo no pueden expresarse directamente
en términos monetarios, y no tiene en cuenta el impacto de la actividad
económica en otras personas, sobre todo en las generaciones venideras. Por lo
tanto, si pretendemos limitar la crisis financiera al pasado, será necesario
volver a evaluar el sistema de valores. El hecho de orientar la actividad
económica hacia un solo objetivo es un error[13].
8) Los
sistemas de incentivos que desvinculan el riesgo y la responsabilidad
contradicen el espíritu de la economía social de mercado. Por lo tanto, la
Unión Europea debería establecer normas que vinculen más estrechamente los
salarios de los directores con el éxito a largo plazo de las decisiones de
inversión y de crédito, y que definan los límites máximos de dicha
remuneración. A una economía de mercado al servicio exclusivo de los intereses
del capital no se le puede llamar «social». No obstante, es indiscutible que no
habrá una economía social de mercado en Europa sin un comportamiento serio,
fiable y responsable de todos los actores del ámbito económico, y de los altos
cargos en concreto. Tanto dentro de la UE como en el marco del G20, no solo es
necesario adoptar mejores leyes y normas para el mercado financiero mundial,
cuando menos pensando en las generaciones venideras, sino que además
necesitamos una nueva cultura más ética, cuyo desarrollo no puede encomendarse
exclusivamente a la política. El respeto por el principio fundamental de la
enseñanza social católica de la destinación de los bienes y de la función
social inherente al derecho legítimo y necesario a la propiedad privada no solo
deberá considerarse un deber de la política, sino que además deberá ser
interiorizado por todos los actores[14].
9) En
interés del Bien Común y de conformidad con el modelo de economía social de
mercado en el que los principios de libertad y justicia social están
interrelacionados, los gobiernos de los Estados Miembros y las instituciones de
la Unión Europea deberán aplicar políticas monetarias, financieras y económicas
cuyo objetivo sea la estabilidad. Los (en algunos casos) terribles niveles de
deuda pública y privada deberán liquidarse en interés de las generaciones
venideras. Sin embargo, esto no deberá lograrse a costa de los más pobres y sin
tener en cuenta los requisitos de justicia social. El reparto de las cargas,
derivado de las medidas destinadas a reducir la deuda contraída en el
transcurso de la crisis financiera actual, deberá tener en cuenta las
responsabilidades de los gobiernos, además de las de los bancos y otras
entidades financieras, y podrá llevar posteriormente al pago de un impuesto
extraordinario en el sector. De este modo, la Comisión Europea ha propuesto la
creación de unos fondos de resolución bancaria, con medios financieros
aportados por los bancos, que deberían permitir hacer frente a las
consecuencias de los posibles quiebres bancarios sin necesidad de recurrir al
dinero de los contribuyentes. Otra de las propuestas contempla la creación de
un impuesto para transacciones financieras que debería ser introducido como
paso preliminar por los países de la Eurozona, de no haber otro remedio. En
concreto, aquellos países miembros de pleno derecho de la unión económica y
monetaria de la UE han asumido un nivel especialmente alto de responsabilidad
mutua y global. Con la firma del Tratado de Maastricht, estos países formaron
una comunidad basada en la solidaridad, cuya calidad es plenamente visible solo
en la actualidad. Al mismo tiempo, parece evidente que esta solidaridad también
conlleva una comunidad de responsabilidad. En el futuro de la Unión Europea, la
solidaridad y la responsabilidad deben vincularse cada vez más estrechamente.
En la medida en que se haga necesario adoptar más medidas para la integración,
la comunidad de solidaridad deberá sustentarse en el deseo que la gente tiene
de vivir en comunidad. A su vez, solamente tendrá futuro en caso de que, como
comunidad responsable, también esté abierta a aquellos Estados Miembros que aún
permanecen fuera de ella. En efecto, la disposición de las personas a la hora
de adoptar esta comunidad en sus corazones, así como su apertura a todos los
Estados Miembros de la UE se presentan como los grandes desafíos de los
próximos años por lo que respecta a la integración europea. En nuestra calidad
de obispos, nombrados por nuestros hermanos obispos para realizar un
seguimiento y control del proceso, nos gustaría destacar el siguiente punto: al
igual que el sistema de los estados nación de los siglos XIX y XX fue incapaz
de garantizar una paz duradera, la Unión Europea, en la fase actual de
integración en la que se encuentra, será igualmente incapaz de afrontar con
éxito los desafíos demográficos y de globalización que actualmente afronta
Europa. Europa debe comprometerse a adoptar el modelo de la economía social de
mercado. El futuro de las gentes y las naciones de Europa es una comunidad de
responsabilidad y solidaridad que se encuentra unida por la economía social de
mercado.
10)
Aunque el mercado tenga muchos aspectos positivos, también es cierto que
no es un fin en sí mismo. Se trata de un instrumento al servicio del desarrollo
humano y de la humanidad en su totalidad[15]. Por ello,
las personas no deben reducirse nunca al papel de productores y consumidores,
sino que deben percibirse y tratarse como las personas humanas que son, las
cuales producen y consumen para poder vivir[16]. Por lo
tanto, es necesario poner ciertas restricciones al mercado en aquellos casos en
los que, de no restringirse, se produciría un impacto perjudicial en la vida y
el desarrollo de los seres humanos. En cuanto al suministro de los bienes de
primera necesidad y los servicios públicos en particular, las autoridades
públicas tienen una obligación formal. El mercado por sí solo no es capaz de
aportar soluciones satisfactorias a este respecto. Incluso aunque pueda parecer
prudente organizar determinados elementos de los servicios públicos y servicios
sanitarios con arreglo a los principios del mercado, el acceso universal y de
calidad a estos dominios deberá garantizarse con los medios y medidas
apropiados que sean administrados por las autoridades públicas. Una regulación
apropiada, dentro del mercado común europeo, de los servicios públicos en
general, y de los servicios sociales en particular, sería establecer una
característica distintiva de la economía social de mercado. Esperamos que la
Unión Europea adopte las medidas oportunas a este respecto en colaboración con
los Estados Miembros.
11)
En la actualidad, tenemos la misión de protegernos de la intrusión y la
dominación del mercado, y de toda su lógica interna, en todos los ámbitos de la
vida. Existen una serie de necesidades compartidas y cualitativas que no pueden
ser satisfechas por el mercado, especialmente en lo que respecta a la familia.
Como consecuencia, el gobierno tiene la tarea de garantizar unos tiempos y unos
espacios de vida al margen del mercado en los que la gente pueda buscar formas
de responder a dichas necesidades[17]. Es correcto, por
tanto, que se restrinja la actividad del mercado durante los días festivos
oficiales y los domingos, dado que es estos días, ya sea por un festivo
nacional, cultural o religioso, la paz, la tranquilidad y la reflexión están
por encima de cualquier actividad económica. Por este mismo motivo, la
actividad económica se limita o suspende por completo en determinados espacios
y medios públicos como, por ejemplo, la prohibición de hacer publicidad durante
la retransmisión de las misas. Estas cuestiones no deben perderse de vista en
el marco europeo y en la finalización del mercado común.
12) No obstante,
no sólo compete al Estado imponer las restricciones al mercado. La decisión de
optar por una economía de mercado es al mismo tiempo una decisión en la que se
opta por la libertad de las personas. Este es el motivo por el que necesitamos
que las personas individuales asuman su responsabilidad libremente y basándose
en el principio de solidaridad[18]. En muchas
ocasiones, el mercado suele garantizar que los recursos materiales se orientan
a realizar la máxima aportación para satisfacer las necesidades de los
consumidores. Sin embargo, en sociedades de la abundancia como las europeas,
aunque pueda parecer que las necesidades básicas están cubiertas para casi
todos los ciudadanos, los deseos de los consumidores se orientan principalmente
hacia los bienes no básicos y de lujo. El mercado hace la vista gorda ante la
diferente calidad moral de los bienes anteriormente mencionados, la cual puede
variar en cuanto a su naturaleza o la forma de fabricar o suministrar estos
productos. En este tipo de sociedades, los fabricantes, que a menudo buscan
generar necesidades específicas en primer lugar, comparten gran parte de
responsabilidad con los consumidores. Los consumidores son los que, en gran
medida a consecuencia de sus hábitos de consumo, dictan finalmente la dirección
de la actividad económica tanto en Europa como en el mundo. Cada decisión
económica tomada tiene también una consecuencia moral[19].
Por lo tanto, para poder educar a los ciudadanos para que opten por un consumo
responsable es necesario hacer un esfuerzo cultural decisivo[20].
La Iglesia también pretende hacer sus aportaciones a este respecto.
4. Política social
13)
Actualmente la Unión Europea tiene solamente una competencia limitada en
materia de política social, dado que la responsabilidad principal en este
ámbito compete a los Estados Miembros. Sin embargo, nos hemos dado cuenta de
que dentro de la comunidad de solidaridad y responsabilidad de la unión
económica y monetaria, las cuestiones de la política social, fiscal y
presupuestaria van ganando en importancia, así como que resulta necesario y
deseable volver a asignar las responsabilidades entre la Unión Europea y los
Estados Miembros. Esta es la razón principal por la que nos gustaría hacer
algunas reflexiones generales respecto a este asunto que son de especial
importancia para los más pobres y vulnerables de nuestra sociedad. Desde sus
inicios, la Unión Europea se ha considerado a sí misma no solo como una zona de
libre comercio, sino más bien como una comunidad política y de valores. Uno de
los principales valores de la cultura europea es el de la justicia social.
14) El
mercado solamente puede responder a las exigencias materiales que pueden ser
objeto de resultados y compensación, lo que conlleva que no tiene en cuenta las
necesidades de aquellos que, por motivos de edad, enfermedad o desempleo, no se
pueden permitir participar (plenamente) en las actividades del mercado. Por lo
tanto, es importante que en la economía social de mercado europea se pongan en
marcha las prestaciones sociales para cubrir este vacío con el fin de
garantizar un estándar de vida digno a todos los ciudadanos. Esto debería dejar
de ser una preocupación exclusiva de cada Estado Miembros para convertirse en
una preocupación de la Unión Europea.
15) En
los últimos años muchos países europeos han introducido una serie de reformas
en el ámbito de la política social, algunas de las cuales han sido recibidas
con una enorme preocupación por parte de los ciudadanos. Los motivos aducidos
para justificar estas reformas fueron la evolución demográfica y los desafíos
de la globalización, factores que llevaron a los países a competir entre sí.
Estos ajustes, inevitables en determinados casos, deben no obstante ajustarse
al principio de justicia social y no afectar a la estructura de las
prestaciones sociales[21]. En interés de los
beneficiarios de las prestaciones sociales y el bien común, la política social
de la Unión Europea debe seguir ajustándose a los principios de subsidiariedad
y solidaridad. A medida que se amplían las diferencias de igualdad en la
sociedad, se hace necesario establecer una redistribución para lograr un mayor
equilibrio entre pobres y ricos, enfermos y sanos, jóvenes y ancianos.
16) Si
nos centramos concretamente en el desempleo masivo, la política social de la UE
y de sus estados no debería reducirse simplemente a ofrecer a los afectados
ayuda económica para salir adelante. El paro va mucho más allá de la ausencia
de ingresos: también trae consigo una amplia sensación de exclusión del mundo
que te rodea. Por ello, las prestaciones sociales deberían perseguir el
objetivo de permitir a las personas participar activamente de la vida social,
especialmente por medio de la reintegración en el empleo activo. Por su parte,
las personas que perciban algún tipo de ayuda deben esforzarse al máximo por
realizar contribuciones a la sociedad. La política de empleo de la Unión
Europea debería regirse por este principio. Por otra parte, deberían
intensificarse los esfuerzos a nivel europeo para ampliar la movilidad de los trabajadores
en la economía social de mercado europea. En materia de transferibilidad del
derecho a pensión complementaria (jubilaciones profesionales), los socios
sociales europeos tendrán la responsabilidad, en el marco del diálogo social
europeo, de elaborar una propuesta de directiva europea. A tal respecto,
acogemos positivamente la responsabilidad de los socios sociales en el marco de
las regulaciones de la UE en cuanto a política social. En esta época de crisis
y de ajustes en ocasiones complicados, invitamos a las instituciones europeas a
crear unas condiciones que posibiliten el diálogo social entre los socios
europeos para que puedan cumplir con el papel que se les ha asignado en los
tratados europeos.
17)
Asimismo, en muchos países europeos el número de personas activas podría
incrementarse probablemente si se redujeran las contribuciones y los impuestos
que se aplican al trabajo. El nivel europeo debería ofrecer un impulso
significativo a este respecto, incluso a pesar de tener una competencia muy limitada
en cuanto a la aplicación directa de impuestos y de no contar para nada, hasta
la fecha, con poderes en cuanto a la financiación del sistema de la seguridad
social. Además, con la firma del «Pacto por el Euro», que casi todos los
Estados Miembros de la UE han formalizado, se ha creado recientemente un
instrumento que, de forma voluntaria, crea expectativas de convergencia de las
políticas fiscales y sociales en pos de una mayor justicia.
18)
Existe una relación muy estrecha entre la política social, familiar y
educativa. Las causas y consecuencias de las decisiones en estos ámbitos de la
política se influyen entre sí y son mutuamente dependientes. En el pasado, la
adopción de una política social demasiado centrada en la ayuda financiera solía
ocultar el hecho de que la promoción de las familias y la inversión en
educación constituyen la mejor manera de prevenir la pobreza y la exclusión
social. Por ello, acogemos positivamente el hecho de que los países europeos
estén prestando cada vez una mayor atención a las políticas familiares y
educativas. Las familias en particular, además de su labor en la crianza y el
cuidado de los hijos, también prestan un gran servicio al bien común. Puesto
que este servicio no se considera perteneciente al mercado, el Estado tendrá el
deber de encontrar el justo equilibrio entre los padres y las personas sin
hijos en cuanto a las leyes fiscales y las políticas sociales adecuadas. La
política educativa, a nivel de la responsabilidad de los Estados Miembros, debe
valorarse respecto al objetivo de reducir la tasa de abandono escolar en la UE
por debajo del 10% para 2020. Además, las familias, escuelas, universidades y
las instituciones de formación profesional y formación continua, junto con la
Iglesia y las comunidades religiosas, deben trata de despertar la conciencia
moral y la virtud personal.
19) En
las décadas venideras, Europa dependerá de los trabajadores de otras partes del
mundo para garantizar que basta con el nivel de rendimiento económico para
cubrir la financiación de las prestaciones de la seguridad social. Los países
de origen y los de acogida deberían colaborar para gestionar de manera ordenada
los flujos migratorios, con la intención de reducir al mínimo el sufrimiento y
las penurias de las nuevas llegadas, además de las inevitables cargas aplicadas
a los que los aceptan. En el marco de su responsabilidad, recomendamos a la
Unión Europea que resuelva las cuestiones de la ayuda externa, las visitas de
estudio y las condiciones laborales en los acuerdos suscritos con terceros
países. Esto no debería hacerse exclusivamente con los países de acogida en
mente. La migración también afecta a la familia, las estructuras sociales y
económicas de los países de origen. Todos deberemos respetar en todo momento el
valor de los seres humanos que vengan a Europa procedentes de otros países.
Asimismo, deberán respetarse sus derechos fundamentales[22].
20)
En la economía social de mercado la responsabilidad social no se limita
estrictamente a la política social, sino que también se aplica, por ejemplo, al
ámbito del derecho contractual, donde la desigualdad de información y poder
entre las partes del contrato puede provocar inconvenientes e injusticia.
Actualmente la Unión Europea se esfuerza por acabar con los obstáculos del mercado
interno europeo. En relación con las propuestas de una ley contractual
adicional para toda Europa, que podría aplicarse voluntariamente en las leyes
nacionales existentes, deberá prestarse especial atención a proteger
eficazmente a la parte contractual más débil como, por ejemplo, en el caso de
las ventas por Internet.
5. Desarrollo sostenible de la economía social de mercado
21)
En la sección 3 del Artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, la
competitividad y el progreso social de la economía social de mercado europea se
mencionan junto a la protección y la mejora de la calidad medioambiental. De
este modo, los firmantes europeos del Tratado reconocen que, en la actualidad,
además del desarrollo social continuado de la economía social de mercado, también
es muy importante su desarrollo ecológico continuado. De hecho, cabe destacar
que en los círculos científicos y en los debates públicos se suele emplear con
bastante frecuencia el término «economía ecosocial de mercado» en lugar de
hablar de «economía social de mercado». Nosotros, en nuestra calidad de obispos
de la COMECE, compartimos la intención que subyace a todo esto. En vista del
dramático cambio medioambiental que se está produciendo, sobre todo en lo que
respecta al cambio climático y a la escasez de combustibles fósiles y otras
materias primas, nuestra responsabilidad por la Creación nos obliga a respetar
el principio económico y ético de la sostenibilidad. Una economía competitiva y
preparada para el futuro se basa en la fuerza de los mercados para innovar y
elevar la productividad de los recursos. Lo que hace es configurar todos los
procesos económicos determinando las condiciones y los incentivos ecológicos
con la intención de conservar las bases naturales de nuestra existencia. De no
ser por la integración sistemática de los factores ecológicos, a largo plazo no
se podrían conseguir ni la competencia económica ni la justicia social.
22) Los
desafíos ecológicos actuales nos exigen, por encima y más allá de la protección
de nuestros recursos socioeconómicos, buscar las posibles maneras de redefinir
la relación entre los seres humanos y la naturaleza desde un punto de vista
ético y antropológico, de manera que transformemos nuestra concepción del
término «desarrollo». La protección del medio ambiente debe pasar de ser una
limitación a convertirse en un objetivo para el desarrollo de nuestras
sociedades a través del reconocimiento de la calidad medioambiental como un
componente esencial del modelo de prosperidad. El Papa Benedicto XVI dice en su
encíclica Caritas in Veritate que «su uso [el del entono
natural] representa para nosotros una responsabilidad para con los pobres, las
generaciones futuras y toda la humanidad»[23].
Nuestras economías necesitan desarrollarse más con un sentido de desarrollo que
esté en sintonía con los ciclos y los ritmos temporales de la naturaleza. Esto
exige de nosotros un cambio en la manera en la que gestionamos los alimentos,
la energía y el agua. Los acontecimientos actuales ya han demostrado que el
derroche de recursos conlleva conflictos violentos. La renovación de la
economía social de mercado ofrece un marco que podríamos utilizar para
acercarnos más a estos objetivos. De hecho, este marco debería proporcionarnos
un medio para medir dicha renovación. No es solo una cuestión de desarrollar
una tecnología más eficiente y económica, sino que también se trata de reducir
considerablemente nuestro consumo, de moderarlo. Por lo que respecta al
desarrollo de los Estados de la Europa Central y del Este, las regulaciones de protección
contra la explotación a corto plazo de los recursos naturales y socioculturales
desempeñan un papel decisivo en la protección del Bien Común a largo plazo.
23) Como
la calidad medioambiental se considera un bien público, cuyos daños nos afectan
a todos nosotros y cuya utilidad no se puede individualizar fácilmente, resulta
difícil asignar los beneficios de las inversiones para mejorar la calidad
medioambiental. Como consecuencia, la sostenibilidad precisa de una garantía
institucional específica, no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial.
Solicitamos a las instituciones de la Unión Europea y a los gobiernos
nacionales que hagan todo lo posible por implicarse con sus socios
internacionales en este asunto. Sin embargo, en este contexto también son
necesarias las iniciativas de la sociedad civil. Su importancia en el diálogo
internacional y la cooperación al desarrollo tienen cada vez una mayor
importancia. En su encíclica Caritas in veritate el Papa
Benedicto declaró que estas iniciativas eran esenciales para el objetivo de
civilizar la economía mundial[24]. La Iglesia está
preparada y con ganas de ofrecer sus conocimientos en el ámbito del diálogo
internacional respecto a estas cuestiones: por ejemplo, una reflexión a largo
plazo, una concepción universal del Bien Común y la responsabilidad, una
concepción de la naturaleza como creación con sus valor intrínseco y, además,
aunque no por ello menos importante, una red global trascendental de
compromisos específicos.
Conclusión
24) La
Unión Europea se ha puesto como objetivo la creación de una economía social de
mercado. Lo que pretendemos con la presente declaración es contribuir al debate
surgido respecto a los principios en los que debería basarse este objetivo. La
economía social de mercado ya ha demostrado su valía en muchos de los Estados
Miembros de la UE. En la actualidad, la economía social de mercado debe
extenderse por Europa para afrontar el desafío de la competencia global, para
poder seguir ofreciendo una protección social efectiva a los más necesitados de
nuestra comunidad, así como para ser sostenibles en cumplimiento de los
requisitos de protección medioambiental y climática. Para poder materializar la
economía social de mercado en la Unión Europea, necesitamos una comunidad de
solidaridad y responsabilidad. A través de la solidaridad y la responsabilidad,
los europeos conseguiremos superar la grave crisis actual y seguir juntos el
camino común emprendido para, finalmente, mostrar la paz y la justicia a todas
las personas del mundo.
25) La
crisis de los mercados financieros y de la economía ha demostrado claramente
que los principales desafíos y peligros económicos relacionados con la
integración general de las economías nacionales hoy en día deben resolverse a
escala internacional. La Unión Europea, entendida como una comunidad de Estados
prósperos muy industrializados, tiene la responsabilidad moral específica de
garantizar a largo plazo el desarrollo de «una verdadera autoridad política
mundial»[25] con estructuras e instituciones
supranacionales. Esta autoridad «deberá estar regulada por el derecho,
atenerse de manera concreta a los principios de subsidiaridad y de solidaridad»[26], algo que a nosotros nos parece fundamental. Además
de al ingenio económico, habrá que prestar la debida atención a los principios
de justicia y responsabilidad ecológica. Los estados económicamente más
desarrollados deben ir más allá de las ganancias económicas inmediatas e
individuales, optando en su lugar por adoptar un papel activo en el orden
económico mundial que garantice una competencia libre y justa, y que abra la
posibilidad del desarrollo a las economías nacionales más débiles. Incluso
aunque la ayuda al desarrollo, utilizada con sensatez, para las comunidades
pobres sea a tal efecto ventajosa para todos[27], la
solidaridad significa mucho más que la búsqueda exclusiva de los intereses de
uno. Por lo tanto, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para hacer una vez
más un llamamiento urgente a los gobiernos de todos los países de la UE para
que cumplan sus promesas y aumenten su ayuda al desarrollo hasta el 0,7% de su
PBI para 2015 y hagan un buen uso de esta[28]. Muy a
nuestro pesar, la UE no ha conseguido alcanzar su objetivo provisional del
0,56% del PBI para 2010. Para poder cumplir la promesa que hizo públicamente a
los países más pobres, especialmente a África, Europa deberá hacer un esfuerzo
adicional por un valor estimado de cincuenta mil millones de euros.
26)
Desde el principio, el proyecto de integración europea no ha sido meramente
económico, sino también político y moral: debe estar al servicio de la justicia
y la paz en Europa y el mundo entero. La materialización de una economía social
de mercado en Europa como una comunidad de solidaridad y responsabilidad forma
parte de este intento por alcanzar la paz mundial y la justicia global. La
cultura actual de la culpa debería ser reemplazada por una nueva cultura de
corresponsabilidad. Los cristianos estamos llamados a fomentar y desarrollar
esta cultura de la corresponsabilidad. En nuestra calidad de obispos de la
COMECE, informamos de que respaldamos este proyecto y reconocemos en él una
importante contribución a la creación de una cultura que «impulsa la
globalización hacia metas de humanización solidaria»[29].
Como
Iglesia católica adquirimos un compromiso con cualquier esfuerzo que se haga en
este sentido, inspirados por las palabras del Santo Padre Juan Pablo II en la
Carta Encíclica Centesimus Annus: «A quienes hoy día buscan
una nueva y auténtica teoría y praxis de liberación, la Iglesia ofrece no sólo
la doctrina social y, en general, sus enseñanzas sobre la persona redimida por
Cristo, sino también su compromiso concreto de ayuda para combatir la
marginación y el sufrimiento»[30].
[1] Cf. Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución
Pastoral de la Iglesia en el Mundo Moderno Gaudium et Spes, núm.
36; Juan Pablo II, Carta Encíclica Sollicitudo Rei Socialis
(30 de diciembre de 1987), núm. 41; Cf. Juan Pablo II, Carta
Encíclica Centesimus Annus (1 de mayo de 1991), núm.
43 Benedicto XVI, Carta EncíclicaCaritas in Veritate (29 de junio
de 2009), núm. 9.
[2] Cf. Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución
Pastoral de la Iglesia en el Mundo Moderno Gaudium et Spes, núm.
1; Carta Encíclica de Pablo VI, Populorum Progressio (26 de
marzo de 1967), núm. 13.
[3] Cf. Declaración de los obispos de la COMECE sobre la
Unión Monetaria (2000), sobre la “Solidaridad es el alma de la UE”
(2004), “La Construcción de la Unión Europea y la Responsabilidad de
los Católicos” (Grupo Simon) (9 de mayo de 2005); informes de grupos
expertos sobre Gobernanza Mundia (2001), sobre una “Europa de Valores”
(2007) y sobre el Cambio Climático (2009).
[4] Concilio Ecuménico Vaticano II, Constitución Pastoral
de la Iglesia en el Mundo Moderno Gaudium et Spes, núm. 22.
[5] Cf. Juan XXIII, carta encíclica Mater et
Magistra (15 de mayo de 1961), núm. 221; Concilio Ecuménico Vaticano
II, Constitución Pastoral de la Iglesia en el Mundo Moderno Gaudium et
Spes, núm. 25, 29.
[6] En lo que respecta a la Solidaridad entre distintas
categorías de la sociedad humana, ya en los tiempos de los Padres de la Iglesia
se constató que debía prestarse atención a los requisitos y las necesidades de
la sociedad humana en el espíritu del Evangelio. Es más, Basilio el Grande
instaba a la comunidad en este sentido: “Pues el cuidado de los
necesitados gasta las riquezas; pues cada uno ha de recibir un poco según su
necesidad; y todos han de repartir igualmente sus bienes y gastarlos entre los
pobres” (Homilía a los ricos).
[7] Respecto a esto, no debe pasarse por alto el hecho de
que el mercado no es intrínsecamente social. De ordenarse correctamente, puede
ser un lugar de interacciones que generan relaciones y posibilitar un uso más
eficiente de los recursos escasos. Esto incluye además el establecimiento de
relaciones industriales mediante los convenios colectivos y la participación de
los trabajadores.
[8] Benedicto XVI, Carta Encíclica Caritas in
Veritate (29 de junio de 2009), núm. 34ff. Cf. también Pío XI, Carta
Encíclica Quadragesimo Anno (15 de mayo de 1931), núm. 137.
[9] Apartado 3 del Artículo 3 del Tratado de la Unión
Europea (TUE).
[10] Cf. Pontificio Consejo Justicia y Paz Compendio
de la Doctrina Social de la Iglesia, núm. 347.
[11] Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Centesimus
Annus (1 de mayo de 1991), núm. 48.
[12] Cf. Pío XI, Carta Encíclica Quadragesimo
Anno (15 de mayo de 1931), núm. 89.
[13] Cf. Benedicto XVI, Carta Encíclica Caritas
in Veritate (29 de junio de 2009), núm. 21.
[14] Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Laborem
Exercens (14 de septiembre de 1981), núm. 14; Juan Pablo II, Carta
Encíclica Sollicitudo Rei Socialis (30 de diciembre de 1987),
núm. 42.
[15] Cf. Benedicto XVI, Carta Encíclica Caritas in
Veritate (29 de junio de 2009), núm. 8f.
[16] Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Centesimus
Annus (1 de mayo de 1991), núm. 39.
[17] Cf. Benedicto XVI, Carta Encíclica Caritas
in Veritate (29 de junio de 2009), núm. 36.
[18] Cf. Benedicto XVI, Carta Encíclica Caritas
in Veritate (29 de junio de 2009), núm. 11.
[19] Benedicto XVI, Carta Encíclica Caritas in
Veritate (29 de junio de 2009), núm. 37.
[20] Cf. Juan Pablo II, Carta Encíclica Centesimus
Annus (1 de mayo de 1991), núm. 36.
[21] Benedicto XVI, Carta Encíclica Caritas in
Veritate (29 de junio de 2009), núm. 25.
[22] Cf. Benedicto XVI, Carta Encíclica Caritas
in Veritate (29 de junio de 2009), núm. 62.
[23] Benedicto XVI, Carta Encíclica Caritas in
Veritate (29 de junio de 2009), núm. 48.
[24] Cf. Benedicto XVI, Carta Encíclica Caritas
in Veritate (29 de junio de 2009), núm. 38ff.
[25] Benedicto XVI, Carta Encíclica Caritas in
Veritate (29 de junio de 2009), núm. 67; Cf. también Juan XXIII,
Carta Encíclica Pacem in Terris (11 de abril de 1963), núm.
293, y más recientemente la nota explícita del Consejo Pontificio
«Justicia y Paz», publicada en octubre de 2011, bajo el título Por una
reforma del sistema financiero y monetario internacional en la perspectiva de
una autoridad pública con competencia universal: “Se trata de una
Autoridad con un horizonte planetario, que no puede ser impuesta por la fuerza,
sino que debería ser la expresión de un acuerdo libre y compartido, más allá de
las exigencias permanentes e históricas del bien común mundial, y no fruto de
coerciones o de violencias. Debería surgir de un proceso de maduración
progresiva de las conciencias y de las libertades, así como del conocimiento de
las crecientes responsabilidades”. (punto núm. 3).
[26] Benedicto XVI, Carta Encíclica Caritas in
Veritate (29 de junio de 2009), núm. 67.
[27] Cf. Benedicto XVI, Carta Encíclica Caritas in
Veritate (29 de junio de 2009), núm. 60.
[28] Recordemos que ya en 1970 los países ricos de las
Naciones Unidas se comprometieron a destinar el 0,7% de su PBI a la cooperación
al desarrollo.
[29] Benedicto XVI, Carta Encíclica Caritas in
Veritate (29 de junio de 2009), núm. 42.
[30] Juan Pablo II, Carta Encíclica Centesimus
Annus (1 de mayo de 1991), núm. 26.
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