Editorial Ecclesia - El Congreso del PSOE y las relaciones Iglesia-Estado
Escrito por Ecclesia Digital
jueves, 03 de julio de 2008
Este fin de semana se celebra
en Madrid el 37 Congreso Federal del Partido Socialista Obrero Español. Nunca
este acontecimiento habría formado parte de las páginas de nuestra revista –y
menos aún de su editorial– de no ser por algunos de sus anunciados y
provocativos contenidos, que nuestros lectores encontrarán en la página 7 de
este mismo número de ECCLESIA.
Entre
ellos figuran la revisión de los Acuerdos Iglesia-Estado, la ampliación del
aborto, la laicidad del Estado como «dogma» trufado de aspiraciones laicistas y
excluyentes, la reforma de la ley de libertad religiosa, así como algunas otras
enmiendas favorables a la eutanasia, amén de una visión muy crítica y
beligerante con respecto a la actual y supuesta situación de privilegio de la
Iglesia católica.
En
medio de estos preparativos y de los citados anuncios, el presidente del
Gobierno español y secretario general del PSOE, en declaraciones el domingo 29
de junio al diario «El País», ofrecía su cualificado punto de vista sobre estos
temas. Reconociendo que en el seno de su partido existen este debate y estas
pretensiones, el señor Rodríguez Zapatero matizaba sus expectativas. Reiteraba
su visión «laica» de la sociedad, se declaraba agnóstico, insistía en la
voluntad gubernamental de modificar la vigente ley de libertad religiosa a la
vez que insistía en que se respetarán los Acuerdos Iglesia-Estado. «En las
relaciones con la Iglesia –afirmaba textualmente– tenemos que ir a la
Constitución, que establece un Estado aconfesional y mandata a los poderes
públicos a mantener una relación singular con la Iglesia católica, porque en
España hay una mayoría de personas de confesión católica. La interpretación que
se ha hecho de ese precepto constitucional es que exista un marco de acuerdo,
de colaboración; así ha sido en toda la democracia, –subrayaba– y el marco ha
funcionado razonablemente». Asimismo, Zapatero abundaba en la necesidad de
respetar la libertad religiosa y de garantizar su derecho y su ejercicio para
todas las confesiones.
Así las
cosas, ¿con qué nos quedamos? ¿A quién creemos? Si durante los treinta años de
la democracia española la cuestión religiosa y su marco legal «han funcionado
razonablemente», ¿por qué tanto ruido, tanta descalificación, tanta soflama?
Los comentarios editoriales de nuestra revista son testigos reiterados de
nuestro punto de vista al respecto: queremos la libertad religiosa, la de la
Iglesia católica y la de las otras confesiones. Queremos una Iglesia libre en
un Estado libre. Queremos la separación entre Iglesia y Estado desde la
necesaria colaboración entre ambas instituciones en pro del bien común.
Queremos y defendemos el Estado de derecho, cuyos fundamentos son los derechos
humanos, uno de cuales es el derecho a la libertad religiosa, que no solo no
colisiona sino que protege y potencia los demás derechos. Queremos y defendemos
incondicionalmente el derecho sagrado e inviolable a la vida desde su
concepción hasta su ocaso natural. Y queremos también que la cuestión religiosa
no se utilice, no se manipule, no se agite, no vuelva a ser nunca jamás causa
de confrontación y división entre los españoles ni en ningún otro lugar de la
tierra. ¿Es mucho pedir? ¿A quién se agrede y a quién se perjudica con estos
puntos de vista y con estas actitudes?
Por
todo ello, y en esta misma línea, remitimos también al reciente y autorizado
discurso del cardenal Rouco en su investidura como miembro de la Real Academia
de Doctores. En la página 9 de este número de ECCLESIA ofrecemos una síntesis
del mismo, que ha sido publicado íntegramente por nuestra página web
(www.revistaecclesia.com). Con sus palabras y en medio de las aludidas
diatribas socialistas, el cardenal Rouco ha prestado un nuevo, magnífico,
sereno y lúcido servicio a la Iglesia, al Estado, la convivencia y al Derecho.
Tras repasar la historia de las relaciones Iglesia-Estado desde los albores del
cristianismo, el presidente de la CEE considera que estas, desde las bases de
autonomía y cooperación señaladas por el Concilio Vaticano II y desde el
primado del respeto a los derechos humanos, constituyen un patrimonio humano y
social de gran valor, que hay que apreciar y enriquecer y que no debería
perderse jamás. «Su importancia histórica transciende el día a día de la
actualidad socio-política y cultural» y es de gran utilidad para el presente y
para el futuro de modo que «no se ve hoy razón que justifique el
cuestionamiento del actual sistema español de regulación jurídica de las
relaciones Iglesia-Estado».
