Editorial Revista Ecclesia - No se puede imponer el confesionalismo laicista del Estado
Escrito por Ecclesia Digital
martes, 08 de julio de 2008
En
continuidad con nuestro editorial de la pasada
semana, también hoy hemos de referirnos al 37 Congreso Federal del PSOE,
celebrado en Madrid del 4 al 6 de julio. Obviamente nuestro comentario prescinde
de valoraciones políticas y partidistas.
Si este tema, desde
el respeto y desde la mejor de las voluntades, viene a nuestras páginas es por
el protagonismo que muy importantes contenidos religiosos han tenido en su
preparación y desarrollo. Dicho esto, y aun reconociendo que la formulación de
los acuerdos y propuestas del Congreso ha sido más matizada e incluso más
moderada que las expectativas creadas y que determinadas declaraciones
públicas, no cabe duda que sus conclusiones visibilizan una inequívoca voluntad
del primer partido político de nuestro país –sostenedor asimismo del Gobierno
de la nación y de numerosas comunidades autónomas y ayuntamientos– de proceder
a una progresiva e inexorable laicización de España. Este proyecto, repleto de
eufemismos y de ambigüedades, y aun suavizado –repetimos– en la literalidad de
sus recomendaciones al Gobierno, está trufado de un indisimulado afán de
confesionalismo laicista.
Especialmente
preocupante es lo decidido a propósito del aborto. Lejos de proponer una
reflexión serena y lúcida sobre su aberración, el Congreso de PSOE pide una
revisión y una actualización de la legislación vigente, solo porque esta cuenta
con veintitrés años de bagaje y porque ha cambiado la sociedad. ¿No han sido
suficientes los abortos producidos en estos años, que han supuesto en los
últimos años una media anual de cien mil asesinatos de seres humanos inocentes?
El aborto jamás es un progreso, ni su reconocimiento una ampliación de las
libertades y de los derechos. El derecho es a la vida, a toda vida ya
concebida, aunque todavía no haya nacido. El aborto es siempre un retroceso,
una letal injusticia, un crimen abominable, como lo definió el Concilio
Vaticano II.
¿Se situará en el
terreno del eufemismo, de la demagogia y del «atajo» la propuesta de regular el
testamento vital para caminar hacia la eutanasia? Ojalá nos equivoquemos. Pero,
en cualquier caso, es preciso recordar que la eutanasia –otro evidente y cruel
retroceso social– es siempre injusta e inmoral, más todavía se hace bajo engaño
y de «tapadillo». ¿También se buscan atajos cuando se insiste por activa y por
pasiva en la necesidad de reformar la vigente Ley Orgánica de Libertad
Religiosa? Este marco legal garantiza la neutralidad del Estado en materia
religiosa. Emplazamos, una vez más, a su lectura y a la evaluación objetiva de
su aplicación desde 1980 para «desfacer entuertos» y tópicos. Y, desde luego,
lo que no se puede pretender es reformar esta ley con la intencionalidad
subrepticia de buscar la reforma de hecho el artículo 16 de la Constitución. No
estamos diciendo que esta sea la razón verdadera del proyecto gubernamental.
Simplemente, lo cuestionamos y muy gustosos admitiríamos lo inapropiado de esta
hipótesis si los hechos así lo avalaran.
«La Iglesia
católica, cuya singularidad histórica, cultural y sociológica reconoce el PSOE
–leemos en las conclusiones del Congreso–, debe ser consciente de que la
Constitución no otorga prevalencia de derechos ni privilegios». De acuerdo.
Pero es que la Iglesia católica ni tiene ni quiere privilegios. ¿Dónde están?
No se puede confundir la aconfesionalidad del Estado con los sentimientos y
confesión religiosa de los ciudadanos. Nuestra historia, nuestra cultura y
nuestra realidad presente están impregnadas hasta los tuétanos de identidad
cristiana. Vayan algunos ejemplos: el 80% de los ciudadanos españoles se
declaran católicos; el 75% de los padres de alumnos eligen la clase de Religión
Católica; la Iglesia se financia de sus propios recursos, trabajos y servicios,
de los donativos de los fieles y del 0,7% del IRPF que aquellos contribuyentes
libremente deciden signar para ella a través de la declaración de la renta.
Las creencias no se
imponen. Pero tampoco se puede imponer las increencias y los modelos estatales
de confesionalismo laicista y excluyente. España es un Estado aconfesional
desde hace tres décadas, las tres décadas de mayor crecimiento y bienestar de
su historia contemporánea. La llamada «cuestión religiosa» había pasado a la
historia. ¿Quién quiere resucitarla? ¿Por qué? ¿A qué vienen entonces, a qué
demanda social y a qué argumentos de derecho, de justicia y de sentido común
obedecen tanta soflama y tanto ruido con la consiguiente y lógica crispación y
preocupación que generan?
