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De Profesionales por la Ética 1. Corresponde a los padres la decisión última respecto a los medios e instrumentos legales a utilizar en defensa de sus derechos y libertades. 2. Ante la Administración educativa estatal o autonómica podrán solicitar, de acuerdo con las sentencias del Tribunal Supremo sobre el derecho a objetar a Educación para la Ciudadanía, la revisión de los decretos autonómicos que desarrollan EpC y en su caso retiren los libros de texto y materiales de carácter adoctrinador. 
3. Podrán instar a los responsables políticos y los legisladores de las respectivas Comunidades Autónomas a que reconozcan el derecho a objetar a EpC mediante normativa autonómica. 4. Pueden presentar recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional en el caso de las 4 sentencias emitidas por el Tribunal Supremo respecto al derecho a objetar a EpC. 5. En las Comunidades Autónomas sin fallos judiciales sobre el derecho a objetar o con fallos favorables a los objetores se podrán presentar recursos judiciales cuando exista denegación de la objeción por resolución administrativa de la Comunidad Autónoma. 6. Se mantienen vigentes los recursos judiciales presentados contra los decretos autonómicos que desarrollan EpC en Andalucía, País Vasco, Cataluña, Extremadura y Castilla-La Mancha. 7. Se pueden presentar recursos judiciales que anulen determinados libros de texto, materiales y proyectos educativos y actos concretos de adoctrinamiento escolar. 8. Ante los centros educativos, se deberá exigir la programación de las asignaturas de EpC así como el detalle de materiales didácticos que va a utilizar el alumno y el docente para impartirlas. 9. Pueden permanecer fuera de clase de EpC los alumnos objetores amparados por fallo judicial o resolución administrativa favorable. 10. Si los padres deciden que sus hijos vuelvan a clase de EpC, podrán solicitar información detallada de la programación, libros de texto y materiales didácticos que se vayan a utilizar para impartir este conjunto de asignaturas. Se informará a la comunidad educativa y a la opinión pública en general acerca de los libros de texto, materiales didácticos y actos adoctrinadores llevados a cabo por los centros educativos.
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